Entre iniciativas para “agilizar” consumos digitales, servicios y procesos, el Congreso ha puesto el pie en el acelerador. La narrativa oficial es proteger a usuarios; la lectura crítica: tramitar en fast-track desplaza deliberación y control parlamentario.
Cuando la técnica cede al impulso político, los errores se pagan en tribunales… o en el bolsillo. Normas difusas sobre plataformas, contratos recurrentes o sanciones pueden ahuyentar a startups y pymes del norte que hoy exportan servicios y software.
un Congreso predecible evita sorpresas regulatorias. La productividad exige reglas claras, no “parches” que cambian a mitad del juego.
