La exigencia del T-MEC de que México adopte la UPOV 95, un estándar internacional que protege los derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales, ha generado polémica en el país. Este marco, más restrictivo que el de 1978, busca incentivar la innovación agrícola, pero podría impactar negativamente a los pequeños agricultores y la biodiversidad.
La situación se complica tras la reciente derrota de México en el panel del T-MEC sobre la prohibición del maíz transgénico. Estados Unidos argumentó que esta medida violaba el tratado comercial, lo que obliga a México a reconsiderar sus políticas agrícolas y de biotecnología. Esto pone en evidencia las tensiones entre la protección de la biodiversidad y los compromisos internacionales.
Organizaciones campesinas advierten que la adopción de la UPOV 95 y la resolución del panel limitarán prácticas tradicionales como guardar e intercambiar semillas, aumentando la dependencia de grandes empresas de biotecnología. Por otro lado, sectores empresariales consideran que esto fortalecerá la competitividad internacional de México en el comercio agrícola.
El gobierno enfrenta el desafío de equilibrar las demandas del T-MEC con la protección de los agricultores tradicionales, garantizando la soberanía alimentaria y la conservación de cultivos nativos como el maíz. La discusión será clave para definir el futuro del campo mexicano.
