El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del estado de Chihuahua ordenó la devolución inmediata de un inmueble asegurado en 2017 a los hijos del exgobernador César Duarte Jáquez, al concluir que el acto fue realizado sin sustento jurídico suficiente y con evidencias endebles.
La resolución, emitida el 23 de julio en el expediente 288/2025, establece que el aseguramiento careció de fundamentos claros que lo vincularan con una conducta delictiva, a pesar de haber permanecido más de siete años bajo control de la Fiscalía como parte del conjunto de bienes incautados en la llamada “Operación Justicia Chihuahua”.
El fallo no exime de responsabilidad a César Duarte, ni interfiere con los procesos penales que aún enfrenta por peculado y asociación delictuosa. Sin embargo, pone en entredicho la solidez de algunos de los procedimientos implementados durante la gestión del exgobernador Javier Corral, particularmente en cuanto al uso de aseguramientos como herramienta política o mediática.
El inmueble, ubicado en Parral, había sido asegurado bajo el argumento de que formaba parte del presunto entramado de desvíos cometido durante la administración de Duarte. No obstante, el tribunal consideró que no existía evidencia concreta de que dicha propiedad estuviera relacionada con recursos públicos, ni de que se adquiriera de manera irregular.
La sentencia representa un revés para la narrativa institucional del gobierno anterior, que colocó la “Operación Justicia” como estandarte del combate a la corrupción. A falta de resultados procesales definitivos, el caso evidencia un problema más amplio: el uso de mecanismos penales excepcionales sin las debidas garantías ni investigaciones sólidas.
La devolución del bien a los hijos del exmandatario se sustenta en la falta de elementos que justificaran su aseguramiento y en la ausencia de un vínculo probatorio directo con hechos ilícitos. En palabras del tribunal, el aseguramiento resultó ser una medida “arbitraria”.
La defensa legal de Duarte aprovechó el fallo para insistir en su narrativa de persecución política. Sin embargo, el verdadero foco está en el precedente que deja el tribunal: ni siquiera las investigaciones de alto perfil pueden prescindir del rigor jurídico, y las irregularidades procesales tienen consecuencias.
Cabe recordar que la “Operación Justicia” implicó la apertura de más de 50 carpetas de investigación, el aseguramiento de numerosos bienes y la difusión constante de sus avances como parte de una estrategia de legitimación política. Hoy, varios de sus operadores —incluido el exfiscal César Peniche— enfrentan señalamientos por abuso de autoridad y uso indebido de funciones.
El exgobernador Duarte sigue enfrentando procesos penales, y aún hay bienes bajo aseguramiento. Sin embargo, este revés judicial obliga a revisar la forma en que se ejecutaron algunos de esos actos. La legalidad de una acción no depende de la gravedad de las acusaciones, sino de la solidez con la que se construyen los expedientes.
El caso de la propiedad en Parral puede parecer menor dentro del amplio expediente Duarte, pero es indicativo de una práctica institucional que, según los tribunales, no respetó el debido proceso. Y eso, más allá de los nombres involucrados, es una señal de alerta.
