Con información de Agencia Reforma
Ciudad de México.- El robo diario de gasolina a Pemex equivale a llenar el tanque de más de 100 mil autos cada día, un reflejo alarmante de cómo el crimen organizado ha continuado afectando a la petrolera estatal a pesar de los esfuerzos gubernamentales para combatir esta práctica.
En 2023, Pemex reportó el robo de 1,708 millones de litros de combustible, lo que representa una pérdida económica de 761.4 millones de dólares. Esta cantidad de combustible robado diariamente equivale a unas 80 pipas de 60 mil litros cada una.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera del 10 de abril de 2019, afirmó haber prácticamente eliminado el robo de combustible gracias al apoyo de las comunidades y la incorporación de los ciudadanos a los Programas para el Bienestar. Sin embargo, al final de su sexenio, las cifras muestran una realidad muy diferente.
Durante los primeros años de la actual administración, las acciones contra el robo de combustible lograron una significativa reducción, pasando de 3,396.1 millones de litros robados en 2018 a solo 378.1 millones en 2019. No obstante, esta tendencia a la baja no se mantuvo, y para 2023, la cantidad de combustible robado alcanzó niveles similares a los de 2016, cuando se registraron 1,626.5 millones de litros.
Las desviaciones de hidrocarburos se concentran principalmente en los ductos ubicados en Hidalgo, Jalisco, Tamaulipas, Puebla, Estado de México, Nuevo León y Veracruz. Según el Sistema de Transferencia de Custodia (SITRAC) de Pemex, el incremento de piquetes a ductos y el movimiento de huachicoleros entre estados han sido factores clave en el aumento del robo de combustible.
En 2023, Pemex registró 14,890 piquetes a sus ductos, un aumento del 6.7% en comparación con 2022. Los municipios con mayor número de tomas clandestinas fueron Cuautepec de Hinojosa en Hidalgo y Tototlán en Jalisco.
Un superintendente de la Subdirección de Transporte de Pemex Logística comentó a REFORMA que el incremento del robo de combustible coincide con el aumento de piquetes a ductos, el desplazamiento de huachicoleros y el uso de túneles para ocultar las tomas clandestinas. Estas acciones reflejan el sofisticado nivel de organización de los grupos criminales y su capacidad para adaptarse a las medidas de seguridad implementadas por el gobierno.
El compromiso del gobierno de eliminar el huachicol ha enfrentado desafíos significativos. A pesar de los esfuerzos iniciales, el problema persiste y ha demostrado ser un obstáculo complejo y resistente. Al concluir el sexenio, queda claro que la lucha contra el robo de combustible es una batalla continua que requiere soluciones innovadoras y una cooperación más estrecha entre el gobierno, Pemex y las comunidades afectadas.
