La propuesta de reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador, que incluye la elección popular de jueces, magistrados y ministros, podría tener un impacto económico superior a los 22 mil millones de pesos.
Esta iniciativa generaría inestabilidad laboral para más de 127 mil trabajadores del sistema judicial y no prevé los costos asociados a conflictos legales, indemnizaciones y derechos adquiridos de 6,711 jueces y magistrados que podrían perder sus puestos.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que en 2023 los poderes judiciales locales empleaban a 73 mil personas, mientras que el Poder Judicial de la Federación contaba con 54,388 empleados. En total, 127,388 personas podrían verse afectadas por la reforma.
La propuesta también ignora el costo al erario público de destituir a 5,025 jueces y magistrados estatales y a 1,686 del ámbito federal. Esto incluiría potenciales litigios laborales y demandas internacionales, lo que implicaría pagos de indemnizaciones por la pérdida de sus garantías de inamovilidad y derechos laborales adquiridos.
Ricardo Mendoza, titular de la Coordinación de Estado de Derecho del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados (INCAM), señaló que existe nerviosismo entre los trabajadores judiciales por la falta de certeza sobre sus liquidaciones en caso de despidos. Mendoza resaltó el alto costo de indemnizar a empleados con décadas de servicio.
Además, el personal sindicalizado de juzgados y tribunales podría enfrentar despidos injustificados. La Corte advirtió que el personal judicial de apoyo podría ser evaluado no por la calidad de su trabajo, sino por su afinidad ideológica o utilidad política.
El 6 de junio de 2024, trabajadores del Poder Judicial de la Federación enviaron una carta a Claudia Sheinbaum, próxima presidenta de México, solicitando consideración ante la reforma judicial. Más de 32 mil trabajadores sindicalizados expresaron su incertidumbre laboral y económica.
Mendoza sugirió que las alternativas a las indemnizaciones serían dar finiquitos inadecuados o despidos injustos, lo que aumentaría los costos y afectaría la viabilidad de la elección judicial.
La organización civil Laboratorio Electoral indicó que las autoridades electorales reciben más de 41 mil millones de pesos anualmente. Sumado al financiamiento de partidos políticos, el presupuesto electoral para 2024 supera los 60 mil millones de pesos. La elección de jueces, magistrados y ministros costaría aproximadamente 22 mil millones de pesos.
La Corte señaló que esta afectación presupuestaria es innecesaria y que existen mecanismos más efectivos y razonables para la selección de jueces, garantizando su independencia e imparcialidad, y permitiendo destinar recursos a mejorar la función judicial y otras áreas estratégicas del Estado.
