Al reconocer que los trabajadores del campo, no sólo en la región noroeste, sino en todo el Estado, padecen de una desprotección legal específicamente en el tema de seguridad social, y buscando velar porque se garanticen sus garantías individuales, la diputada América García Soto, presentó iniciativa con carácter de Decreto y Punto de Acuerdo, a fin de buscar su protección y garantizar prestaciones a este sector vulnerable de la población.
Explicó la joven legisladora que el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las entidades federativas deben promover condiciones apropiadas para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina, el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo de actividades comerciales y económicas.
Precisó que en el Estado de Chihuahua, ésta obligación se contempla en la Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable. No obstante, la realidad de las cosas es que los trabajadores de campo no cuentan con una seguridad social digna, y esto es evidente al constatar el rezago en el que viven y se desarrollan en las zonas rurales.
Según estadísticas emitidas por el INEGI a nivel nacional, el 45% de los trabajadores del campo son subordinados y remunerados, el 37.1% son auto-empleados, el 12.6% son trabajadores sin sueldo y el 5.3% son empleadores. Esta condición se agrava cuando se reconoce que los trabajadores del campo tienen una percepción salarial sumamente baja, tomando en consideración la actividad que se realiza en el sector.
