Los parlamentos abiertos en la Cámara de Diputados, concebidos para fomentar la participación ciudadana y el consenso en la legislación, han demostrado ser meros formalismos sin impacto real en las decisiones finales. La reciente discusión sobre la reforma al poder judicial, que propone la elección de jueces y magistrados por voto popular, es un claro ejemplo de esta simulación. A pesar de las intervenciones de diversos sectores, la decisión parece ya estar tomada desde las cúpulas del poder, particularmente por Morena, lo que amenaza la independencia judicial y la imparcialidad necesaria en un sistema de justicia.
Esta práctica de consulta estéril no solo desmoraliza a los participantes, sino que también erosiona la confianza pública en los procesos legislativos y debilita la democracia mexicana. Para avanzar hacia un sistema legislativo más justo y transparente, es crucial que los legisladores realmente escuchen y consideren las opiniones y preocupaciones de todos los sectores de la sociedad, asegurando que las reformas respondan a las necesidades y aspiraciones de la ciudadanía y no solo a los intereses de unos pocos.
