Respirar… comunicar… y exigir gobernabilidad democrática… de veras.
Hoy culmina una etapa crítica para la justicia en Chihuahua: 30 magistrados, 5 integrantes de la Judicatura y 270 jueces locales concluyen su encargo este 29 de agosto, justo antes de entrar en vigor una renovación completa del Poder Judicial estatal el 1 de septiembre.  
Este gran relevo, sin duda necesario —producto de reformas constitucionales recientes— también siembra incertidumbre. La independencia judicial no se garantiza solo con elecciones o cambios de nombres: requiere institucionalidad sólida, transparencia y un compromiso firme con la resolución imparcial de conflictos en medio de tensiones políticas.   
A nivel nacional, el escenario es similar y aún más complejo. México sorprendió al mundo al convertirse en el primer país con elección popular de todos los jueces, incluidos ministros de la Suprema Corte. Morena llevó a cabo esta reforma como un acto simbólico de apertura democrática, pero resultó altamente controvertida: durísima baja participación ciudadana (13 %), padrón confuso y sospechas de pactos políticos detrás de muchos candidatos electos, según misiones de la OEA y observaciones internacionales. 
Si el fenómeno nacional se replica en Chihuahua, corremos el riesgo de trocar independencia en dependencia, imparcialidad en reparto de cuotas. No se trata de elecciones por decreto, sino de justicia que inspire. 
Chihuahua merece mejor:
1. Cumplimiento estricto del nuevo Poder Judicial sin favoritismos.
2. Procedimientos públicos y transparentes para las primeras decisiones de los nuevos jueces.
3. Una ciudadanía informada, vigilante y activa, que financie legitimidad real, no espectáculos legales.
El futuro judicial está por escribirse, no solo en suárez y litigios, sino en cómo vemos, elegimos y exigimos justicia. Esto no es ficción institucional. Es el corazón de una democracia que late… o se detiene.
Soy Akbar, y esto es lo que tengo que comentarle hoy.
