La frase “no politicen la seguridad” volvió a colocarse en el centro del debate público en Chihuahua, esta vez pronunciada por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, tras las críticas del alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, sobre la eficacia y los retrasos de la Torre Centinela.
Lejos de responder con datos duros o evaluaciones verificables, Loya optó por un ángulo defensivo: calificó de “irresponsable” cualquier cuestionamiento y, para blindarse, invocó un supuesto acuerdo entre la gobernadora Maru Campos y la presidenta Claudia Sheinbaum para no criticar ni “politizar” el tema de la seguridad pública.
El problema de fondo no es el debate político —inevitable en una democracia— sino la magnitud del proyecto que se pretende proteger del escrutinio. La Torre Centinela implica una inversión pública cercana a 4,700 millones de pesos, arrastra años de retraso y su impacto real en la reducción de la incidencia delictiva aún no ha sido demostrado de forma concluyente. Preguntar por estos puntos no es desinformar; es exigir rendición de cuentas.
Más aún, el llamado a “no politizar” pierde fuerza cuando el propio proyecto ha sido presentado en recorridos y actos con acompañamientos partidistas, desdibujando lo que debería ser un esfuerzo estrictamente institucional. En ese contexto, el reclamo de neutralidad se convierte en una coartada discursiva, no en una postura técnica.
Este episodio también expone el tamaño de los alcances políticos del secretario. Con el “no politicen” como bandera, Loya intenta colocarse en el ring frente a Cruz Pérez Cuéllar; sin embargo, la comparación es desigual. Mientras uno plantea cuestionamientos directos sobre costos, plazos y resultados, el otro responde con llamados al silencio y con la invocación de acuerdos ajenos para evitar el debate.
La seguridad pública no se fortalece cerrando la conversación ni descalificando la crítica. Se fortalece con indicadores claros, evaluaciones independientes y resultados medibles que justifiquen cada peso invertido. En una entidad golpeada por la violencia, pedir paciencia sin mostrar avances verificables no es prudencia: es evasión.
En política —y más en seguridad— la consigna de “no politizar” suele aparecer cuando la discusión empieza a incomodar. Y hoy, lo que incomoda no es la crítica, sino la falta de respuestas convincentes sobre una obra multimillonaria que prometió ser la solución y que, hasta ahora, sigue siendo una pregunta abierta.
