En una sesión de trámite que dejó poco espacio para el debate real y mucho para la especulación política, el Congreso del Estado de Chihuahua aprobó con inusual rapidez la reforma judicial, mostrando que cuando hay intereses mayores de por medio, las bancadas pueden encontrar consensos con una facilidad sorprendente.
A simple vista, la reforma parece responder a necesidades institucionales. Sin embargo, detrás de las puertas cerradas, el verdadero tema de negociación no fue la justicia, sino el presupuesto 2025. En el centro de esta negociación se encuentran Cuauhtémoc Estrada, coordinador de Morena, y Alfredo Chávez, líder de la bancada del PAN, quienes han llevado a sus partidos a un pragmatismo político que desafía sus discursos públicos.
La aprobación “planchada” de esta reforma expone una verdad incómoda: la capacidad de los legisladores para llegar a acuerdos parece activarse únicamente cuando hay recursos y posiciones en juego. Las promesas de justicia, eficiencia y equidad quedaron opacadas por el trasfondo de pactos presupuestales que, según fuentes internas, buscan garantizar beneficios mutuos para sus respectivas agendas.
El control del presupuesto 2025 será clave, especialmente en un año electoral donde tanto Morena como el PAN buscarán capitalizar recursos para fortalecer su presencia en Chihuahua. Para Morena, se trata de consolidar el terreno ganado en el norte del país, mientras que el PAN enfrenta el reto de mantener su dominio en un bastión históricamente azul.
El mayor riesgo de esta negociación es que las prioridades del presupuesto terminen inclinándose hacia intereses políticos y no hacia las necesidades reales de los chihuahuenses. Infraestructura, salud y seguridad podrían quedar rezagadas ante los compromisos políticos que se tejieron para “facilitar” la aprobación de la reforma judicial.
Mientras tanto, la ciudadanía observa con escepticismo. ¿Dónde quedan las promesas de transparencia y responsabilidad legislativa cuando las negociaciones se hacen entre sombras? En un estado que necesita soluciones de fondo para problemas estructurales, las maniobras políticas como esta son recordatorios de que, para algunos legisladores, el juego del poder sigue siendo más importante que el servicio público.
La aprobación de esta reforma judicial no es solo un documento firmado; es un mensaje claro de cómo se jugará la política en Chihuahua en 2025. Y como siempre, los ciudadanos serán los únicos que, en última instancia, cargarán con las consecuencias.
