Respirar… comunicar… y sacudir conciencias.
Un abogado que defiende a Ovidio Guzmán, alias “El Ratón”, lanzó ayer una acusación demoledora: en 50 años el Estado mexicano no hizo nada eficaz para llevar ante la justicia a Ismael “El Mayo” Zambada, y solo ahora, cuando éste fue capturado en Estados Unidos, se desata una avalancha de exigencias. 
Declaró sin tapujos que la exigencia de la presidenta Claudia Sheinbaum para que Washington informe sobre la detención del capo sinaloense es tardía, cargada de hipocresía. “¿Por qué ahora?”, cuestiona, al recordar que durante cinco décadas el crimen organizado operó sin freno del Estado. 
Este reproche tiene implicaciones más allá de la coyuntura legal. Plantea una crisis institucional: ¿por qué no hubo respuestas firmes, extradiciones o acciones contundentes en décadas anteriores? La pregunta duele: si no se inició el caso en México, ¿qué cambió?
El gobierno argumenta que hoy actúa con transparencia, coordinación internacional y defensa de la soberanía. Pero la narrativa de Lichtman corta el aplauso: su voz revela que no basta con la retórica presidencial, cuando no hay acción histórica ni resultados pasados que justifiquen la confianza.
En Chihuahua, donde el narcotráfico ha dejado huella, este reclamo obliga a mirar de frente: no es debate entre Dirty Wars o fake news. Es un llamado a revisar omisiones, a construir verdaderas estrategias de justicia y a reconocer que la impunidad no se combate con titulares, se combate con diligencias reales.
Este año se cumple un año de la captura de El Mayo en Texas. Y aunque el gobierno mexicano pida información oficial a Estados Unidos —con todo derecho—, debe acompañarla de una reflexión profunda y acciones internas: memoria institucional, fortalecimiento judicial y compromiso público que vaya más allá de la coyuntura mediática.
Porque a final de cuentas, si 50 años no hicieron nada… hoy deben responder no solo con quejas, sino con justicia tangible.
Soy Akbar, y esto es lo que tengo que comentarle hoy.
