-Lo principal es privilegiar a las personas por encima de los intereses de constructoras en las ciudades: dip. Jael Argüelles.
El Congreso de Chihuahua apoyó la petición de la diputada Jael Argüelles, en el sentido de solicitar a los ayuntamientos de Juárez y Chihuahua para que revisen que sus obras públicas, así como los proyectos privados de acceso público, cumplan con los criterios de movilidad y seguridad vial contemplados en la legislación nacional y estatal incluidos el diseño universal y los ajustes razonables para garantizar la igualdad e inclusión de los grupos en situación de vulnerabilidad.
Lo anterior, con la finalidad de que las personas cuenten con espacios seguros y adecuados que garanticen el ejercicio de sus derechos, a fin de que vigilen y eviten la instalación de infraestructura publicitaria en la vía pública.
Aunado a lo anterior, se hizo un llamado al Ejecutivo Estatal para que emita la reglamentación necesaria para la instalación del Observatorio Estatal de Movilidad y Seguridad Vial, que permita la participación social en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en la materia.
En la exposición, la Legisladora refirió que un componente fundamental del derecho a la ciudad es la movilidad, ya que el ejercicio de ésta es fundamental para garantizar otros, “por ejemplo, poder caminar en las banquetas sin tener que bajar a nivel de calle, o contar con un sistema de transporte público adecuado, desde su diseño, que no perjudique a las personas con mayores tiempos en el transporte”.
Las ciudades deben ser para todas las personas, por ello, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial conceptualiza la movilidad como “el conjunto de desplazamientos de personas, bienes y mercancías, a través de diversos modos, orientado a satisfacer las necesidades de las personas”. Se contempla que la movilidad es el derecho de toda persona a trasladarse y a disponer de un sistema integral de movilidad de calidad, suficiente y accesible.
Existe una jerarquía de la movilidad, por lo que la planeación, diseño e implementación de políticas, planes y programas en la materia deben favorecer en todo momento a la persona y a los grupos en situación de vulnerabilidad; en enero de este año, entró en vigor la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado, que establece las bases para la política de movilidad y seguridad vial en la entidad.
En dicho ordenamiento estatal se señala la creación de un Sistema Estatal de Movilidad y Seguridad Vial como órgano operativo encargado de la materia, además, se contempla la creación de un Observatorio Estatal de Movilidad como un espacio de deliberación entre el gobierno, especialistas y organizaciones de la sociedad civil para proponer y evaluar las políticas de movilidad y seguridad vial, así como el estudio, investigación y propuestas, evaluación de las políticas públicas, programas y acciones, capacitación a la comunidad, difusión de información y conocimientos sobre la problemática de la movilidad, la seguridad vial, la accesibilidad, la eficiencia, la sostenibilidad, la calidad y la inclusión e igualdad y sus implicaciones en el ordenamiento territorial, y en general sobre la aplicación de la Ley.
Es por todo lo anterior que se hace el llamado a las autoridades mencionadas, para que se aplique lo planteado en la normativa estatal.
