Es imposible negar que en cualquier democracia que se jacte de serlo, los partidos políticos tienen el derecho y la responsabilidad de expresar sus preferencias. Sin embargo, cuando esta influencia se convierte en una herramienta para moldear el destino de las instituciones según conveniencias partidistas o personales, la integridad y credibilidad del sistema se ven amenazadas.
Esta reflexión encuentra aplicación tanto en el Congreso del Estado como en el federal, donde las mayorías parlamentarias detonan este tipo de tácticas. A nivel local, se evidencia en el intento del PAN de designar a María Ávila como magistrada, a pesar de no contar con las capacidades necesarias para el puesto. A nivel nacional, se observa en la elección de ministros para la Suprema Corte, el INE, el INAI, y un largo etcétera. La comparación es chocante pero inevitable.
En ambos casos, se percibe un esfuerzo por colocar a individuos afines a la administración en puestos clave. Dependiendo del cristal con que se mire, aquellos del lado opuesto son tachados de traidores, mientras que los del lado propio se consideran defensores de la democracia. ¿O acaso usted piensa diferente
