Ciudad de México. – La Cámara de Diputados pone sobre la mesa este miércoles 20 de noviembre una de las iniciativas más polémicas de los últimos años: la desaparición de organismos autónomos clave como la COFECE, el INAI y la CRE. Propuesta originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y ahora respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, esta reforma amenaza con desmantelar pilares fundamentales de la democracia y la transparencia en México.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), garante de la rendición de cuentas, será eliminado por completo. Sus funciones se integrarán al aparato gubernamental, dejando un vacío crítico en el derecho ciudadano a la información.
Por otro lado, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), encargada de supervisar el sector energético, será absorbida por la Secretaría de Energía (SENER). Aunque Sheinbaum afirma que mantendrá “independencia técnica”, este cambio pone en entredicho la imparcialidad en la regulación de uno de los sectores más estratégicos del país.
En un movimiento igualmente controvertido, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se fusionarán en un organismo descentralizado bajo la Secretaría de Economía. Su misión será combatir prácticas monopólicas, pero expertos advierten que este reordenamiento podría comprometer la independencia necesaria para garantizar la competencia en los mercados.
La presidenta Sheinbaum ha defendido la reforma señalando que “se alinea con el modelo de Estados Unidos y los tratados internacionales”. Sin embargo, organizaciones civiles y especialistas han advertido que el verdadero objetivo es centralizar el poder, minando la autonomía que estos órganos ofrecían como contrapesos al Ejecutivo.
Esta reforma marca un punto de inflexión para México, donde el equilibrio de poderes y la transparencia gubernamental están en juego. Con la aprobación final en manos del Congreso, el país enfrenta un momento crítico que definirá el futuro de sus instituciones democráticas.
“Estamos ante un retroceso histórico. Eliminar los organismos autónomos no solo concentra el poder, sino que deja desprotegidos los derechos de los ciudadanos”, han señalado activistas y analistas políticos.
El desenlace de esta reforma será clave para determinar si México avanza hacia un modelo más centralizado o si los legisladores optan por defender la autonomía de sus instituciones.
