La inminente desaparición de los órganos autónomos en México es un golpe a los principios de equilibrio y rendición de cuentas que se han construido para fortalecer la aún joven democracia mexicana. Desde instituciones como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) hasta el Instituto Nacional Electoral (INE), los órganos autónomos se diseñaron para ser contrapesos al poder, garantizando transparencia, equidad electoral, y vigilancia de los recursos públicos. Su eliminación o debilitamiento, en lugar de fortalecer al Estado, deja al gobierno con las manos metidas en los mecanismos esenciales de control y supervisión, creando un vacío en el que el poder se concentra sin freno ni vigilancia efectiva.
La victoria del Movimiento en 2018 significó la llegada de un régimen basado en la concentración de poder en el Ejecutivo. El lema implícito de estas dos administraciones ha sido la centralización: toda institución que pueda cuestionar, limitar, o supervisar al gobierno es vista como un obstáculo que debe eliminarse. Bajo el discurso de «limpiar la corrupción» o reducir los costos del aparato gubernamental, se han desmantelado o debilitado estructuras críticas para la democracia, justificando cada decisión con la idea de que son innecesarias o incluso contrarias a los intereses del pueblo. Sin embargo, este proceso erosiona el sistema de contrapesos que evita abusos y garantiza la responsabilidad en el ejercicio del poder.
Este cambio de régimen, impulsado por la actual administración, representa un riesgo significativo para el pluralismo y la salud democrática de México. La concentración de poder en un solo órgano o figura no sólo limita la participación de otras voces, sino que tiende a construir un gobierno con menor capacidad de autocrítica y transparencia. En la narrativa de la «cuarta transformación», cualquier límite al poder presidencial es interpretado como una traba para el cambio, pero en realidad, se trata de mecanismos de protección que, al ser desmantelados, abren la puerta a prácticas autoritarias. La sociedad mexicana, sin órganos autónomos sólidos, enfrenta la posibilidad de perder derechos adquiridos y, con ellos, la confianza en la democracia misma.
