Chihuahua se encuentra en una encrucijada crítica. El gobierno federal ha acordado con Estados Unidos entregar agua para cumplir con el Tratado Internacional de Aguas de 1944, utilizando recursos hídricos de estados como Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas. 
Sin embargo, Chihuahua atraviesa una de las peores crisis de sequía de su historia. Las presas y ríos del estado están en niveles alarmantemente bajos, lo que hace prácticamente imposible cumplir con las cuotas establecidas en el tratado.  
La gobernadora María Eugenia Campos ha sido clara: “Nadie está obligado a dar lo que no tiene”. La prioridad debe ser garantizar el suministro de agua para la población y la agricultura local, antes de cumplir con compromisos internacionales que, en las actuales condiciones, resultan insostenibles. 
La presión de Estados Unidos, con amenazas de sanciones y aranceles, añade una capa de complejidad a la situación. Pero ceder a estas presiones sin considerar la realidad hídrica de Chihuahua podría tener consecuencias devastadoras para el estado. 
Es momento de que el gobierno federal escuche a las autoridades locales y a los ciudadanos de Chihuahua. La solución no puede ser simplemente transferir agua de un estado en crisis a otro país. Se requiere una estrategia integral que considere la equidad, la sostenibilidad y la soberanía sobre nuestros recursos naturales. 
Chihuahua no puede ser el único que pague el precio de un tratado que, en las actuales condiciones, necesita ser revisado y adaptado a la realidad climática y social del siglo XXI.
