Ciudad de México.— Tras revelarse que el “Comandante H”, exfuncionario de seguridad pública en Tabasco, mantenía presuntos vínculos con el grupo criminal conocido como “La Barredora”, figuras clave del poder político y militar en la entidad han salido a deslindarse públicamente. Entre ellos, los exgobernadores Adán Augusto López Hernández y Carlos Manuel Merino Campos, el exfiscal Jaime Lastra, y el general retirado Audomaro Martínez Zapata, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia.
En declaraciones recientes, López Hernández —actual coordinador de Morena en el Senado y exsecretario de Gobernación— aseguró que nunca sospechó de actividades delictivas del señalado. “Si hubiese sospechado de él, inmediatamente lo hubiésemos separado del cargo. Todos los días acudimos a la mesa de seguridad, por eso ahí están los resultados”, afirmó ante medios de comunicación.
El llamado “Comandante H” formó parte de las estructuras estatales de seguridad durante varios años. Su relación con el aparato político de Tabasco, particularmente en el periodo de la llamada “cuarta transformación” en la entidad, ha encendido alertas sobre los filtros de control y supervisión dentro del sistema de seguridad pública.
Aunque hasta el momento no se han confirmado imputaciones penales en su contra, diversas investigaciones federales apuntan a su presunta colaboración con La Barredora, grupo que ha expandido su influencia en el sureste mexicano a través del control de rutas de trasiego, extorsiones y lavado de dinero.
La reacción de los exmandatarios ha sido coincidente: desconocimiento total de las posibles actividades ilícitas del funcionario, a pesar de su cercanía y asistencia frecuente a reuniones de seguridad de alto nivel. La narrativa oficial se centra en la sorpresa y en la confianza otorgada en su momento.
Sin embargo, analistas en temas de seguridad cuestionan la efectividad de las mesas de seguridad estatales si operadores como el “Comandante H” lograron mantenerse activos sin despertar sospechas. “Esto no es solo un problema de omisión, sino de falta de capacidad institucional para detectar riesgos internos”, señaló un exfuncionario del Sistema Nacional de Seguridad.
El deslinde de López Hernández no pasa desapercibido, especialmente en el contexto de su papel como líder del grupo parlamentario de Morena y figura visible del oficialismo en el Senado. La defensa pública de su gestión en Tabasco contrasta con la creciente presión por rendición de cuentas en los temas de seguridad, particularmente en estados gobernados por su partido.
Hasta el momento, ninguna autoridad federal o estatal ha abierto investigaciones en contra de los exmandatarios por omisiones o encubrimiento. Sin embargo, el caso del “Comandante H” podría convertirse en una prueba incómoda para la narrativa de eficacia y limpieza institucional que defiende la 4T.
