Por Luis Peña
A un mes del hallazgo de 386 cuerpos humanos abandonados en un crematorio de Ciudad Juárez, el gobierno del estado emite un comunicado que presume avances forenses como si se tratara de una proeza técnica, cuando en realidad estamos frente a uno de los escándalos más dolorosos, indignantes y deshumanizantes de los últimos años en Chihuahua.
El boletín oficial informa que ya se han identificado 27 cuerpos, que se han recibido nueve denuncias por fraude, y que se están “hidratando” 181 cuerpos más para extraer huellas dactilares. El lenguaje técnico y los números fríos no logran ocultar la gravedad del hecho: el Estado no supo, no pudo o no quiso supervisar a tiempo el funcionamiento de una funeraria que operaba impunemente, acumulando cuerpos en condiciones infrahumanas.
Lo más alarmante es la ausencia total de autocrítica. No hay una sola línea que asuma responsabilidad institucional. No se menciona si había o no inspecciones periódicas. No hay responsables sancionados. No hay detenidos por omisión ni se menciona si funcionarios públicos están siendo investigados. El comunicado parece redactado con la lógica de quien limpia la escena de un crimen político, no de quien busca justicia.
Mientras tanto, decenas de familias reciben llamadas que les confirman que las cenizas que abrazaron en un funeral eran falsas, que su duelo fue una mentira, y que sus seres queridos estaban apilados, olvidados, descompuestos. Frente a ese dolor, el gobierno responde con términos como “hidratación”, “esqueletización” o “nombre probable”, palabras que ocultan más de lo que explican.
No se puede hablar de compromiso con las víctimas mientras se administra el desastre como si fuera un trámite burocrático. La tragedia del crematorio Plenitud no se resuelve con apps, ruedas de prensa o cifras optimistas. Se resuelve con verdad, justicia y castigo ejemplar. Y hasta ahora, el Estado no ha cumplido con ninguno de esos tres pilares.
Porque identificar cuerpos no es justicia. Es apenas empezar a reparar el horror que se dejó crecer por negligencia, corrupción o, peor aún, por indiferencia.
