Desde diciembre de 2018, las licitaciones para la compra de medicamentos han experimentado su cuarto cambio de gestión. Inicialmente a cargo de la Secretaría de Hacienda, luego bajo la supervisión de la Oficina de Servicios para Proyectos de Naciones Unidas (UNOPS), seguido por la transición al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que actualmente está en proceso de extinción y no puede continuar con dicha responsabilidad.
A lo largo de tres sexenios, las compras consolidadas estuvieron bajo la responsabilidad del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Sin embargo, el 30 de octubre pasado, la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Salud (Ssa) convocó a una licitación consolidada, complementaria a las realizadas por el Insabi, para el periodo 2023-2024.
Esta licitación busca adquirir hasta 328 millones de piezas de 763 claves de medicamentos y hasta 3.9 millones de piezas de 377 claves de materiales de curación, destinados para su uso en 2024. Empresas como Fresenius Kabi y 3M, entre otras, han solicitado aclaraciones sobre la posibilidad de utilizar productos adquiridos en licitaciones anteriores del Insabi, ya que varias dependencias no los han solicitado y los contratos estarán vigentes hasta diciembre de 2024.
Los principales beneficiarios de estas adquisiciones serán el IMSS y el nuevo IMSS-Bienestar, que ha reemplazado al Insabi. Además, el ISSSTE, hospitales federales, institutos nacionales de salud, cárceles federales, la Marina, la Guardia Nacional y el DIF también serán usuarios de estos productos.
A pesar de estos cambios, persiste la escasez de medicamentos e insumos en la red hospitalaria, obligando a los pacientes a esperar meses o incluso endeudarse para obtenerlos. Esta situación ha generado un aumento en los reclamos judiciales contra el IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Salud, según el Informe Radiografía del Desabasto de Medicamentos publicado en julio.
Recientemente, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación del Almacén Nacional de Medicamentos en colaboración con Birmex y la Cofepris, presentándolo como una «mega-farmacia» para abordar el problema de desabasto.
La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) ha alertado que el desabasto en el sector público, cercano al 27 por ciento, no se ha logrado revertir debido a los constantes cambios en las entidades encargadas de las compras de medicamentos.
Además de los ajustes en la adquisición, el Gobierno actual también desmanteló el sistema de distribución, alegando corrupción. Esta medida, junto con los cambios en la compra de fármacos, ha contribuido significativamente al persistente problema de desabasto en el país.
Hasta 2018, el IMSS gestionaba las compras consolidadas de medicamentos y material de curación para todo el sector salud, incluyendo la distribución. Sin embargo, en 2019, el Presidente López Obrador vetó a tres empresas acusándolas de formar un monopolio, lo que llevó a la separación de la compra de insumos y la distribución. Birmex, administrada por el Ejército, asumió la responsabilidad de la distribución, pero al no lograr cumplir eficazmente, ha tenido que recurrir a empresas privadas para llevar a cabo la distribución de los medicamentos.
Cabe destacar que la información proporcionada se basa en reportes disponibles hasta la fecha de corte de conocimiento en enero de 2022.
