Si la finalidad de la iniciativa de reforma eléctrica que el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados la semana pasada, es sacar del país a los grandes generadores de electricidad privados, no lo conseguirán, afirman los involucrados.
La propuesta de Reforma Constitucional “era previsible”, me dice uno de ellos, luego de un arduo camino que comenzó con el pliego petitorio que el Presidente le hizo llegar a los reguladores del sector energético en agosto de 2020, y que sucedieron a modificaciones discretas a las normativas, la política de confiabilidad del sistema eléctrico, y luego la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica con su respectivo tsunami de amparos.
Tan pronto el presidente cumplió la promesa de enviar la iniciativa para modificar la Constitución, que iba cantando desde el año pasado, las generadoras han comenzado a estudiar su defensa legal ante la inminente recesión de los contratos celebrados con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los aborrecidos (por el Gobierno de la #4T) Productores Independientes de Energía (PIEs).
Afirman que tienen todo a su favor, pues en los arbitrajes internacionales es sumamente castigada la retroactividad en contratos que se pactaron con todas las de la ley (de aquel entonces).
